Claudia Sheinbaum ha designado a 12 integrantes de su próximo gabinete, privilegiando sus perfiles técnicos sobre su “lealtad’’, lo cual constituye un buen augurio.
Falta conocer, desde luego, cómo se desempeñarán en sus respectivos cargos quienes acompañarán a la Presidenta, pues una cosa son los títulos académicos, la experiencia, y otra la deuda “ideológica’’ con Morena y sus postulados.
Los nombramientos de Luz Elena González, David Kershenobich Stalnikowitz, Raquel Buenrostro Sánchez, Jesús Antonio Esteva Medina, Edna Elena Vega Rangel y Rogelio Ramírez de la O como secretarias y secretarios de Energía, de Salud, de la Función Pública, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Hacienda y Crédito Público fueron bien recibidos en el ámbito político y económico.
Sheinbaum entendió que el primer mensaje para tranquilidad de los inversionistas necesariamente tenía que pasar por la designación del gabinete.
Faltan la designación de puestos claves como las secretarías de Seguridad Pública, de Gobernación, de la Defensa, de la Marina, además de los titulares del gabinete legal y ampliado, como los directores del IMSS, del ISSSTE, de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.
Gobernación sí podría ser para un político con experiencia, pero el resto de los cargos por designar requieren de perfiles técnicos porque las responsabilidades que asumirán ya no soportarán más improvisaciones.
No más guaruras nombrados directores o subsecretarios; no más cuates responsables de repartir los recursos públicos en los estados.
La virtual presidenta electa habla de la “prosperidad compartida’’, pero eso no será posible si las instituciones siguen tambaleándose entre el desdén presidencial y las ocurrencias ideológicas.
Qué bueno que hasta ahora Sheinbaum ha echado a la basura la máxima lopezobradorista de “90% de lealtad y 10% de capacidad’’.
Ojalá así siga.
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Comenzaron en San Lázaro los “foros’’ para analizar la reforma al Poder Judicial.
En esta primera reunión, participó la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, que llegó a la Cámara de Diputados con un análisis de más de 100 hojas sobre los problemas que podría acarrear para la impartición de justicia la aprobación de dicha reforma en sus términos.
O sea, como ordenó López Obrador.
En dicho análisis, se hace énfasis en los riesgos que conlleva para la aplicación de justicia no sólo la elección de jueces y magistrados sino la desaparición del Consejo de la Judicatura para sustituirlo por un organismo de disciplina cuyos fallos no podrían ser combatidos o impugnados.
Piña ya había dado la cara en el Senado, cuando comenzó el debate sobre esta reforma, de la que depende, se quiera o no, la continuación de la República como la conocemos.
Veremos.
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Hay de tratos a tratos.
Samuel García fue recibido en Palacio Nacional; llegó con un pliego de peticiones que sumaba más de 4,810 millones de pesos para restaurar los daños que dejó la tormenta tropical Alberto en Nuevo León.
Horas después, en un video, el gobernador emecista anunció que llevaría “buenas noticias’’ para el estado, pero no precisó si el Presidente accedió a entregarle todos los recursos que solicitó.
En cambio, al también emecista, Enrique Alfaro, desde la Presidencia hacen presión para que admita un recuento total de votos en la pasada elección de gobernador que ganó Pablo Lemus.
Bueno, hasta el Senado les prestaron a los morenistas de Jalisco para que su queja tuviera más fuerza.
Como dicen en el pueblo, hasta en los peseros hay rutas.
@adriantrejo
