En medio de acciones arrogantes de violencia criminal de los grupos delictivos en uno de los procesos políticos más importantes de la historia, el tema de la seguridad interior como síntesis de la seguridad pública y la seguridad nacional quedará como la prioridad número uno para el próximo gobierno presidencial.
La administración del presidente López Obrador partió de un diagnóstico sensato de entender la inseguridad como producto del subdesarrollo y la corrupción pública, pero su modelo no pudo modificar las causas sociales y políticas de la inseguridad y el crimen organizado se encontró con fuerzas del orden sin capacidad operativa.
El punto más importante de la crisis de seguridad con la cual termina el sexenio actual y comenzará el próximo está muy claro: las bandas delictivas de 2000-2018 dejaron de depender del control político de instituciones y funcionarios y decidieron incursionar de manera directa en la gestión de sus negocios delictivos atropellando a las estructuras nacionales legales del Estado.
México endureció demasiado tarde su discurso contra el contrabando de armas fomentado desde Estados Unidos, porque ocurrió ya que las bandas criminales habían adquirido acopio de fuerza igual o superior a la de las instituciones policiacas tradicionales y sólo la fuerza de la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército ha podido contener la expansión de la violencia delictiva.
El arresto y deportación de capos dirigentes de cárteles tradicionales ha promovido el relevo de figuras de mando dentro de los grupos delictivos, además de que existe un hecho reconocido por la DEA: la reproducción de los principales cárteles mexicanos dentro del territorio estadounidense, pero con funcionamiento con alto grado de autonomía respecto de sus núcleos dirigentes en México.
Frente a sus nuevos desafíos, la estrategia actual ya no funciona y habrá que esperar que define la próxima presidenta de la República.
Zona Zero
La violencia delictiva contra representantes de partidos políticos en la contienda electoral ha marcado una situación inédita en la estabilidad nacional y por tanto vuelve a reforzar la idea de que la seguridad pública ya no responde a la lógica delictiva y que de nueva cuenta se crean las condiciones para desarrollar doctrina y aparato legal de la seguridad interior como escenario delictivo aparentemente fuera de control y rebasando a las autoridades legales de seguridad.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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