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El tema conceptualizado en el expediente de militarización se está convirtiendo de manera artificial en un asunto electoral que sólo le interesa a la alianza opositora y a EU. Con el apoyo de casi 80 por ciento de la sociedad, las Fuerzas Armadas cumplen funciones constitucionales de apoyo a la seguridad pública por razones -y es lo que no quieren entender- de seguridad interior.

La seguridad interior tiene que ver con aquellos delitos que van más allá de la individualización y refieren la falta de garantías territoriales de seguridad para la inversión, la gobernabilidad democrática y la soberanía absoluta del Estado.

La cola del conflicto acaba de aparecer de manera formal el pasado 21 de mayo en un editorial institucional del periódico The Washington Post: los militares mexicanos, dice el título del texto, “están invadiendo la democracia mexicana”.

Pero, en los hechos, la democracia mexicana está funcionando en sus instituciones civiles; si acaso, es probable que el diario estadounidense se refiera a la participación de militares y marinos en algunas áreas del sector público, pero con la certeza de que las estructuras e instituciones que tienen que ver con la democracia -el INE, los partidos políticos, Gobernación, el Tribunal Electoral- están en manos civiles con criterios civiles.

En realidad, el Post está reflejando un mensaje directo de la Casa Blanca a México, porque el último párrafo del editorial reconoce que “los generales de México no muestran ningún interés abierto en apoderarse del país”, lo cual puede echar abajo el título e intención del editorial de que la democracia mexicana se está militarizando.

La cola de la nota no está oculta: el diario dice que Estados Unidos, como Gobierno, puede influir en la decisión soberana del Ejecutivo federal mexicano de utilizar las Fuerzas Armadas sin violentar la Constitución y adelanta que a lo mejor la Casa Blanca pudiera regatear la venta de armas y equipos para el Ejército mexicano.

De manera clara, el Post revela que el tema de los militares en México es un asunto que interesa a la Casa Blanca.

 

Zona Zero

Es posible que tenga vigencia el criterio gubernamental de que poco se puede hacer ante la ola de violencia que está afectando a partidos y candidatos, por la razón de que cualquier acción pública de persecución contra el crimen organizado pudiera llevar al peor de los escenarios: una nueva guerra violenta de respuesta delictiva, pero en el momento delicado de la elección más importante del régimen mexicano.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensamx@gmail.com

www.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

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