Mientras la vicepresidenta Kamala Harris culpó al expresidente republicano Donald Trump de restringir los derechos de las mujeres, una ley que prohíbe el aborto, después de seis semanas de embarazo, entró en vigor ayer en Florida.
“Hemos vivido un ataque, estado tras estado, contra las libertades reproductivas y sabemos quien es responsable de ello: es el expresidente Trump quien lo hizo”, declaró la demócrata durante un acto de campaña en Jacksonville.
Trump, que afrontará al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre, presume el permitir que la Corte Suprema pusiera fin en junio de 2022 al derecho federal al aborto y dejara ese asunto en manos de los estados.
Una decisión que fue posible porque, durante su mandato, el magnate inclinó el alto tribunal hacia el lado conservador con la renovación de tres de sus nueve jueces.
Cuando se cumplen seis semanas de gestación, “numerosas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas”, criticó Harris.
“Eso muestra que los extremistas que redactaron esa prohibición no saben cómo funciona el cuerpo de una mujer o que no les importa”, añadió.
ELECCIONES
Biden, de 81 años, ya viajó la semana pasada a Florida, uno de los estados más poblados del país, que votó en su mayoría por Trump en las dos últimas elecciones presidenciales.
Los demócratas intentan convertir el aborto en uno de los temas principales de los comicios de noviembre, con la esperanza de que les dará votos contra Trump, de 77 años.
Con el gobernador Ron DeSantis, excandidato a la investidura republicana, Florida redujo el plazo legal para abortar en dos ocasiones: primero de 24 a 15 semanas de embarazo y luego hasta las seis semanas, sin excepciones por violación ni incesto.
Antes del miércoles, el estado servía de refugio para numerosas mujeres del sureste de Estados Unidos, una región donde se restringió mucho el aborto desde que la Corte Suprema anuló el fallo “Roe v. Wade”, que garantizaba este derecho.
Los votantes de este estado tienen la oportunidad de revertir el plazo de seis semanas en un referéndum que coincidirá con las presidenciales.
Si el 60% vota a favor de ello, las mujeres podrán interrumpir su embarazo hasta la viabilidad del feto, que se sitúa a menudo en torno a las 24 semanas de gestación.