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La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció una limpia en la Policía del estado y la destitución de nueve elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encabezan el paro de agentes que cumple ya 17 días.

Mediante un videomensaje publicado en sus redes sociales, aseguró que su Gobierno está abierto al diálogo con los uniformados inconformes y que siempre ha atendido las demandas de diversos sectores de la sociedad.

“He decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes (los agentes) y que han sido denunciados por acosar a mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía”, dijo la mandataria morenista.

Mencionó a tres de los nueve policías a quienes se les abrirá también una investigación:  El Chevy, El Chetos y El Charmin, mismos que – aseguró- no volverán a pertenecer a la Policía porque queremos una corporación libre de corrupción.

Sansores San Román afirmó que para el resto de los elementos no habrá represalias; sin embargo, también aclaró que se procederá con la destitución de todos los agentes que sea necesario para “limpiar” a la SSC.

“SE CUMPLIERON LAS DEMANDAS”

Sse ha cumplido con todas las demandas que pidieron los oficiales (21 en total) excepto una: no usar las bodycams, pues son una herramienta para proteger a la ciudadanía de la corrupción y a los agentes cuando son acusados injustamente, señaló.

Recordó que al inicio de su administración el sueldo de los uniformados era de 6 mil 250 pesos y hoy es de 13 mil.

ORIGEN DEL CONFLICTO

La protesta de los policías inició tras un operativo un operativo para controlar un motín en el penal de San Francisco Kobén, en el que 30 elementos de la SSC resultaron lesionados, entre ellos mujeres, quienes denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual.

En su momento, los uniformados señalaron que fueron enviados al Centro de Readaptación Social sin la información ni el equipo necesario, además de que en el primer contingente que entró había agentes femeninas. 

Tras los hechos, pidieron a la gobernadora que destituyera a la secretaria de Seguridad Pública local, Marcela Muñoz Martínez, por haber expuesto a los policías al enviarlos desarmados, solicitud que fue rechazada, además de mejoras salariales. 

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