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La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó cualquier influencia interna o externa que afecte la función de impartir justicia.

Señaló que las personas juzgadoras defendemos la independencia judicial, porque no es un privilegio, sino un derecho de los ciudadanos.

Al encabezar la ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio AMIJ 2024, realizada en el marco del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos, advirtió que “no cederemos ni un milímetro en lo avanzado por nuestra democracia constitucional a favor de la independencia judicial”.

Frente a representantes de los diferentes órganos que componen el Poder Judicial de la Federación (PJF), la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal aseveró que la justicia representa el valor más alto de lo que la sociedad puede anhelar, “preservando la dignidad humana y contribuyendo al sano equilibrio en el andamiaje constitucional de nuestro país”.

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La justicia, abundó, pacifica el conflicto, pero también humaniza, edifica y enaltece a la sociedad, por ello, reiteró, hay que honrarla y preservarla, pues “nos corresponde a los juzgadores de México impartirla con “honradez, con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución”.

Aseguró que a los juzgadores “nada nos detendrá en nuestra noble tarea como garantes del acceso de toda la sociedad a una justicia pronta, completa e imparcial”.

En su participación, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala de La Corte y representante de ésta ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), reiteró su llamado a que los jueces sigan comprometidos y trabajen para que en México impere un Estado de Derecho, para conseguir que la igualdad entre las personas trascienda más allá de plasmar en un texto normativo, una serie de derechos y que, desde la justicia, se provoque vivir en una sociedad igualitaria, sin discriminación, en paz y armonía.

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Indicó que para lograr esos objetivos se requiere de órganos jurisdiccionales al servicio de los mexicanos, integrados por personas honorables, destacadas y valientes, que escuchen y que hagan efectivos todos los derechos de las personas que habitan el país; por ello reconoció “a todos los juzgadores que actúan con conciencia, independencia, profesionalismo, con honestidad, con sentido humano, con probidad y son íntegros”.

El ministro Pardo Rebolledo recordó que “en este mundo actual en donde la justicia está librando retos sin precedentes, por su independencia frente a narrativas muy poderosas”, es indispensable la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de justicia y puntualizó que “nunca debe influir en el ánimo de la persona juzgadora el agradar o quedar bien con nada ni con nadie, así como tampoco buscar como objetivo el reconocimiento, el aplauso o la promoción personal”.

Al hablar en nombre de los galardonados, el ministro jubilado Ulises Sergio Schmill Ordóñez dijo que en México son los órganos del Poder Judicial, juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros los facultados para determinar la regularidad o ausencia de toda norma acto u omisión de cualquier autoridad, tanto federal como local, en relación con los contenidos de las normas constitucionales.

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Por lo tanto, indicó, debe ser rechazada cualquier afirmación que considere que hay otros criterios normativos en relación con los cuales debiera medirse la regularidad y esto significa la validez de las normas y actos normativos, pues lo que acontecería sería permitir la existencia de contradicciones normativas, que se traducirían en conflictos sociales y valorativos.

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