El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) que tramite la repatriación de extranjeros que están presos en el país cumpliendo sentencia en medio de una crisis carcelaria.
El mandatario dispuso mediante un decreto que, acatando las normas nacionales e internacionales, el SNAI realice los procedimientos administrativos para que los extranjeros cumplan sus condenas “en el país de origen o nacionalidad”.
Un censo penitenciario de 2022 estableció que había 31 mil 300 presos en las 36 cárceles de Ecuador, de los cuales 3 mil 200 eran extranjeros.
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Hace dos semanas, Noboa anunció que unos mil 500 colombianos presos serán repatriados, algo que Bogotá rechaza al considerar que es una medida unilateral y que, en la práctica, las personas que sean devueltas quedarían en libertad al otro lado de la frontera.
Se debe “estudiar caso por caso” y “contar con el consentimiento de la persona privada de libertad”, según un comunicado conjunto de ministerios de Colombia.
El gobernante de Ecuador sostiene una guerra contra bandas del narcotráfico y, con apoyo de los militares, busca retomar el control de penitenciarias bajo el poder grupos criminales que siembran terror en el país.
Una veintena de dichas organizaciones delinquen desde las prisiones, gestionan el tráfico de droga y dirigen una de las peores arremetidas contra el Estado.
En lo que va de enero se registran al menos 20 muertos, y unos 200 policías, guardias y empleados penitenciarios fueron retenidos temporalmente.
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Noboa sostiene que la decisión de repatriar a los extranjeros presos responde al hacinamiento en las cárceles, con capacidad para unas 30 mil 200 personas y que registran un exceso de 3 mil.
“Debemos dejarlos en la frontera y sí hay acuerdos internacionales que lo soportan”, expresó Noboa, quien impulsa la construcción de dos cárceles de extrema seguridad.
Bandas criminales vinculadas a carteles de Colombia y México se enfrentan por el botín de la droga en choques que dejan más de 460 reclusos muertos desde 2021.
