El frente opositor (PRI, PAN, PRD), ha sido criticado por haber optado por políticos en lugar de “ciudadanos’’ para las candidaturas al Congreso.
Hay que recordar, sin embargo, que el frente se hizo fuerte cuando tomó en cuenta las recomendaciones de las organizaciones civiles para la organización del proceso del cual resultó electa Xóchitl Gálvez.
Todo el proceso estuvo vigilado por representantes de las organizaciones civiles, algunos de los cuales manifestaron abiertamente su intención de llegar al Congreso.
No fueron todos, como muchos creen, sino una decena quizá de dirigentes de organizaciones empresariales, la mayoría, y de ONG’s unos cuántos.
El problema es que todos querían ser candidatos por la vía plurinominal, es decir, querían el puesto pero no el trabajo que implicaba obtener el voto a través de una campaña pie a tierra.
Tampoco querían portar las siglas de los partidos que los proponían pues querían hacer notar una diferencia entre candidatura “ciudadana’’ y otra “partidista’’, lo cual es imposible si llevas el respaldo de una coalición.
Para eso existe la figura del candidato independiente.
De hecho, el involucramiento de organizaciones civiles y personajes de reconocido prestigio en la elaboración no solo del método de selección sino de un programa de gobierno de coalición, es el primer experimento que se realiza en el país con tres partidos políticos de respaldo.
Ayer el expresidente Felipe Calderón fustigó el hecho de que las candidaturas hayan sido para los dirigentes de los partidos políticos y no para los ciudadanos, lo cual, dijo, es un lastre para Xóchitl Gálvez “que los tendrá que llevar en ancas’’.
Puede ser, pero sin el apoyo de los partidos políticos que la postularon, especialmente el PRI, Gálvez no tendría los auditorios llenos que presume ni el soporte social que de a poco ha ido ganando.
Han sido las estructuras de los partidos que la cobijan quienes se han movilizado y no los líderes que ahora reclaman que los dejaron fuera del reparto del pastel.
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Nada mal que la Fiscalía General de la República quiera poner punto final a la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio, retomando la tesis del segundo tirador.
Lo único malo es que la institución decidió hacerlo un mes antes del inicio de la campaña presidencial cuando tuvo cinco años y medio para proponerlo e investigarlo.
Ni modo que haya sido casualidad.
Como están las cosas, el timing político marcará todas las decisiones que se tomen en el gobierno y en la oposición.
La FGR impugnará el rechazo de un juez a la solicitud de librar una orden de aprehensión en contra del supuesto segundo tirador, Jorge Antonio Sánchez Ortega, entonces agente del CISEN y cuyo jefe era el villano sexenal favorito, Genaro García Luna.
Puro cálculo político.
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Por cierto, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial asesinado hace 30 años, demostró una altura de miras y una calidad moral que hasta sus adversarios políticos le reconocieron.
Colosio Riojas pidió al presidente López Obrador el indulto para el asesino de su padre, Mario Aburto Martínez, porque, dijo, quiere cerrar esa herida y sanar mentalmente.
Cada tres y seis años, es decir, en cada elección, el asesinato del candidato presidencial priista es resucitado, se quejó Colosio Riojas, lo que demuestra el uso político que los partidos dan a una de las peores tragedias políticas del país.
López Obrador no respondió a la petición, hasta ayer, pero seguramente hoy habrá un pronunciamiento desde la Mañanera.
Quizá con esa posición, Colosio ha comenzado la carrera que no concluyó su padre.
@adriantrejo
