El próximo 22 de febrero se llevará a cabo en la Corte de Distrito para el Distrito de Arizona la audiencia para presentar alegatos orales en la demanda que presentó México contra vendedoras de armas de fuego en Estados Unidos, informó la Cancillería en un comunicado.
Indicó que las prácticas de estos negocios estadounidenses facilitan el tráfico de armas y municiones hacia México.
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La dependencia recordó que la jueza Cindy Jorgenson se excusó de conocer el caso y canceló la audiencia originalmente programada para el 28 de agosto de 2023.
Posteriormente, el asunto fue reasignado a la jueza Rosemary Márquez, quien fue designada en el cargo en 2014 por el entonces presidente de ese país, Barack Obama, detalló la Cancillería.
Adicionalmente, explicó, conforme a la práctica de litigio en Estados Unidos, la Corte solicitó a las partes diversa información que deberán aportar con antelación a la audiencia, incluyendo una propuesta de calendario procesal y de la forma en las partes deberán exhibir y revelar su material probatorio (discovery).
“Este requerimiento refleja un profundo interés de la jueza Márquez en realizar un análisis exhaustivo del asunto, lo cual confirma la seriedad y trascendencia del caso”, destacó la dependencia.
La demanda fue presentada en agosto de 2022 contra: Diamondback Shooting Sports, Inc. (Tucson); SNG Tactical, LLC (Tucson); Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix), y Sprague’s Sports, INC. (Yuma).
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que según datos el rastreo que hacen las autoridades para conocer el origen del arma una vez que ha sido asegurada, práctica conocida como trazabilidad, estas tiendas suministran habitualmente armas de alto poder a organizaciones criminales en México.
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Esta es la segunda demanda de México en contra de actores de la cadena de comercio de armas; la primera se presentó en Boston en 2021 contra empresas fabricantes y distribuidoras estadounidenses, y se encuentra en etapa de apelación.
Mientras la demanda en Boston cuestiona una responsabilidad más amplia de las empresas que fabrican y distribuyen armas de fuego que facilitan su tráfico ilícito a nuestro país, esta segunda demanda atiende un ángulo específico del fenómeno: la negligencia de puntos directos de venta de armas, detalló la dependencia.
EAM
