La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso de octubre de 2022 a septiembre de este año multas a proveedores y contratistas que infringieron la normativa en materia de adquisiciones y obra pública por un total de mil 102 millones de pesos, informó el titular de la dependencia, Roberto Salcedo Aquino.
En el arranque de su comparecencia ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados, el funcionario agregó que también se aplicaron 173 inhabilitaciones y se remitieron 250 resoluciones sancionatorias a estos proveedores y contratistas.
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“También se presentaron este mismo periodo 99 denuncias penales de octubre de 2022 de septiembre de 2023 asociadas principalmente con enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito de servicio público, peculado y abuso de autoridad”, indicó Salcedo Aquino.
Apuntó que, en lo referente a los procedimientos de responsabilidades administrativas graves, de un universo de mil 580 expedientes al 30 de septiembre de 2023, 49%, equivalente a 771, fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.
Salcedo Aquino aseguró que la Función Pública alienta la participación de la sociedad en el combate a la corrupción y a la impunidad mediante sistemas de denuncias y de alertadores para recibir información sobre la presunta comisión de ilícitos o irregularidades administrativas.
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Por ello, del 01 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2023, por medio de esos sistemas, se recibieron 29 mil denuncias y mil 228 alertas.
Todas ellas, abundó, fueron clasificadas, atendidas en lo procedente y, en su caso, remitidas a las autoridades para la investigación, substanciación y actuación en el ámbito de sus competencias.
KA
