El salario mínimo es el perfecto sombrero ajeno para el Gobierno federal, no le cuesta pagarlo, no condiciona los incrementos a mejoras regulatorias o a mayores controles fiscales y se adjudica la mejoría de este ingreso como un logro propio.
Claro, es el mismo gobierno que presume las remesas como un triunfo económico de la autollamada Cuarta Transformación.
Pero la mejora en los minisalarios partió de una idea que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó desde el sexenio pasado y que, al final, es con cargo a los empleadores, que regularmente son microempresarios.
La aportación del lopezobradorismo ha sido que, en las negociaciones tripartitas para establecer el nivel de incremento de estas percepciones básicas, el régimen aplica la fórmula de hacerle al sector empresarial “una oferta que no pueden rechazar”.
Se roban el crédito y aplican manita de puerco al sector empresarial, pero con todo, el incremento al salario mínimo sí ha permitido una mejora en el poder de compra de esos sectores de la población que reciben un ingreso tan bajo.
El efecto inflacionario es discutible, porque sí ha habido un aumento durante los últimos años en los subíndices de alimentos y productos básicos por arriba de la inflación general, pero la explicación a esos aumentos se ha mezclado con las presiones inflacionarias derivadas de la recuperación económica post pandemia.
La realidad es que, en este país, de acuerdo con datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi, alrededor de 20 millones de trabajadores reciben hasta un salario mínimo en el país, pero de ellos, menos de cinco millones reportan tener alguna prestación laboral.
Esto es, el verdadero tema de la precariedad laboral parte de las grandes avenidas que tiene la informalidad para maltratar así a los trabajadores.
El Gobierno federal se atreve a cacarear que los agentes privados pagan más a los trabajadores que ganan el salario mínimo, pero no ha tenido el valor de regularizar a millones de empleadores que disfrutan de las extensiones fiscales y del pago de prestaciones que les permite la informalidad.
La revisión al incremento de los salarios mínimos generales y profesionales que tiene que darse antes de que concluya este año tiene el añadido político de que el régimen quiere incorporar a su lista de supuestos logros sexenales un porcentaje que les garantice gratitud electoral.
En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hay tres partes, el gobierno y las representaciones sindical y patronal.
El sector privado propone un incremento al salario mínimo general del 12.8% y de dos puntos por arriba de la inflación para los mínimos profesionales y de la frontera norte.
Hacen cuentas de que con este incremento podría el Gobierno federal presumir que se habría llegado al 100% de recuperación del minisalario durante este sexenio.
Pero si el régimen quiere más, presionará por más. Los sindicatos por supuesto que harán lo que el Gobierno federal les indique y si el sector patronal no está de acuerdo en un aumento que pudiera alcanzar o superar el 20%, podrían quedar fuera de la decisión final. Total, no sería la primera vez que el gobierno de López Obrador decide subir el salario mínimo sin el visto bueno de los empresarios.
@campossuarez
