La fuerza de Otis sacudió las estructuras de seguridad nacional de México y debió de haber encendido las alarmas ante la falta de previsión ante un huracán que se anunció por adelantado y ante la ausencia de un verdadero programa de atención social a la población afectada en Acapulco y algunos municipios adicionales.
La estrategia de seguridad nacional mexicana, en teoría, se mueve en el escenario de la agenda nacional de riesgos, pero sobre pautas que fueron asumidas por el Centro de Información y Seguridad Nacional en 2013, y que desde entonces ha permanecido inamovible, inclusive con la sospecha de que no existen siquiera por escrito algunas propuestas de ajuste a lo planteado por el Gobierno del presidente Peña Nieto.
La estrategia de seguridad nacional del presidente López Obrador se quedó sólo en el aspecto policiaco y tiene referencias nada más hacía la situación de inseguridad pública, pero la previsión de conflictos sociales y políticos por fenómenos naturales fuera de control tienden a modificar los equilibrios de poder en una sociedad específica y más aún en una circunstancia como la de Guerrero donde el crimen organizado, la delincuencia común y la sociedad abandonada compiten por la sobrevivencia.
La actualización de la Agenda Nacional de Riesgos debe ser una prioridad de seguridad nacional en modo de seguridad interior, porque en las actuales circunstancias de Guerrero no se perciben nefastas influencias extranjeras, sino que los conflictos internos hicieron perder desde hace tiempo la gobernabilidad en el estado.
Tan no existía una agenda nacional de riesgos para Guerrero -como debería de existir en cada una de las entidades de la República- que la gobernadora Evelyn Salgado abandonó Acapulco a las 6:30 de la tarde del martes 24 y se fue a refugiar a Chilpancingo, sin que ninguna de sus estructuras de seguridad pública se preocupara por advertir a la población civil del huracán que ya a esa hora estaba estallando en categoría 5 con vientos de más de 300 kilómetros por hora.
Los congresos federal y estatales deberían de abrir una investigación específica para deslindar responsabilidades de las autoridades que dejaron abandonados a los acapulqueños y guerrerenses durante 36 horas.
Zona Zero
El Plan DN-III requiere de una Agenda Nacional de Riesgos adecuada y de agendas estatales de riesgos para evitar daños sociales por incompetencia de las autoridades.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
