En una nueva movilización contra el Gobierno de Panamá por firmar un contrato con First Quantum Minerals -el gigante minero canadiense-, agentes antimotines dispersaron con gases lacrimógenos a una multitud cerca de la Presidencia.
Los choques se registraron en Plaza de la Catedral, en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, cuando miles de manifestantes intentaron retirar las vallas de seguridad que resguardan el perímetro de la sede gubernamental.
La manifestación recorrió, a ratos bajo la lluvia, la estratégica Avenida Balboa hasta llegar al corazón del Casco Viejo, pero tras el lanzamiento de gases, retrocedió, se agrupó de nuevo y se siguió hacia las zonas del centro financiero y exclusivos sectores residenciales del este de la ciudad.
“Abajo Gobierno corrupto, arriba Panamá”, “No a la minería”, gritaron los manifestantes, entre ellos, obreros, maestros, ambientalistas, estudiantes, médicos y religiosos que hicieron cacerolas, música y ondeaban banderas nacionales blanco, azul y rojo.
El movimiento estalló el pasado viernes luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara la ley que establece el contrato minero, aprobada pocas horas antes por el Congreso, y que permite a la compañía canadiense operar en Panamá la mina de cobre más grande de Centroamérica.
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Los inconformes exigen la derogación de esa ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el Gobierno panameño, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
Los manifestantes consideran que el nuevo contrato también es “inconstitucional” y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente.
La administración en el poder lo defiende argumentando que contempla aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.
