Por mayoría de votos, diputados del Estado de México dieron luz verde a la Ley Ocaña, la cual sancionará con hasta 12 años de cárcel a aquellos que difundan imágenes de cadáveres de manera dolosa y que estén fuera de interés científico, médicos o académicos.
En adición, los diputados modificaron la ya existente Ley Ingrid, ambas modificaciones se aprobaron para respetar la memoria y dignidad de los fallecidos.
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La modificación realizada por los integrantes del Pleno se aplicará al artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, en conjunto con la fracción XVI del artículo 335, presentada por la diputada de Morena, Luz María Hernández Bermúdez.
La reforma al artículo 227 Bis del Código Penal fue propuesta por diputados del Partido Verde.
¿Cuándo aplica la Ley Ocaña?
Dicha Ley fue nombrada en honor al actor, Octavio Ocaña, y estipula sanciones iniciales que dictan de 4 a 8 años de prisión a personas que difundan imágenes de cuerpos o información relacionada a sus investigaciones.
La pena puede agravarse de 3 a 4 años si el delito es cometido por servidores públicos.
“Si el sujeto pasivo de este delito son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión”, sostiene la ley.
Diputados recuerdan a Octavio Ocaña
Durante la sesión realizada el 24 de octubre, la legisladora del Partido Verde, María Luisa Mondragón, solicitó un minuto de silencio a todos los presentes en el Pleno del Estado de México e, conmemoración a Octavio Ocaña, referente para el decreto de esta ley.
Octavio Ocaña perdería la vida luego de que presuntamente un elemento de la policía del Estado tendría responsabilidad sobre la muerte del joven, de quien el cuerpo quedó tendido dentro de una camioneta en un tramo carretero del municipio de Cuautitlán Izcalli.
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Mientras se dieron las investigaciones de la muerte del actor se difundieron imágenes del cadáver que al parecer fueron tomadas y difundidas por servidores públicos, ante esto se dio inicio con la Ley Ocaña.
Tanto la Ley Ocaña como la Ley Ingrid buscan castigar la exposición mediática de cualquier material que denigre o muestre a víctimas de homicidio o feminicidio.
OD
