La manera como el presidente Andrés Manuel López Obrador trata a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, como lo ha hecho con muchos otros que no están de acuerdo con él, no debería estar permitido en una democracia.
No es un asunto de libertad de expresión ni de intentar acallar al más popular de los agitadores sociales que ha tenido México en los tiempos recientes, tiene que ver con los límites que debe tener quien juró el cargo de Presidente de la República y quien usa los recursos del Estado para actividades partidistas.
Un político, un Presidente que tiene naturalmente opositores, debería usar la persuasión como instrumento para lograr consensos. Pero no la intimidación como instrumento para buscar salirse con la suya.
Funciona a la perfección con la mayoría de los legisladores que tiene en el congreso, la dependencia política y económica que tienen sus diputados y senadores alcanza para que todos se alineen a sus dictados. Y el que no esté de acuerdo, como la diputada de Morena, Adela Ramos quien se opuso al contenido de los libros de texto gratuitos, simplemente son lapidados hasta la muerte política.
López Obrador quisiera posar más a gusto, más en igualdad de circunstancias con los Díaz-Canel o los Maduro, pero aquí uno de los poderes, el Judicial, está fuera de su carril y le urge ese sometimiento para completar su obra de transformación.
Si el Presidente ofende a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y les dice flojos y negligentes es porque calcula que, aún perdiendo esos votos, gana más con su base si suma a un nuevo enemigo en el imaginario de su feligresía.
Pero, sobre todo, prepara el terreno para que las leyes mexicanas y el propio poder Judicial, al cumplir con esas leyes de nuestro país, pierda políticamente al momento que gane judicialmente.
Es evidente que una vez que la mayoría del Presidente en el senado acate la instrucción de desaparecer 13 fideicomisos del poder Judicial, el siguiente paso serán las controversias constitucionales.
Saben muy bien los asesores del presidente López Obrador que por la forma en que procedió el poder ejecutivo a través de su oficialía de partes legislativa es muy probable que se declare inconstitucional la desaparición de algunos de los fideicomisos.
Una consecuencia no política de ese hecho será el tener que reservar la cantidad que resulte del presupuesto de egresos, con todo lo que implica para la muy frágil estabilidad financiera de este país en 2024.
Y en el terreno político, una vez más habría perdido López Obrador en su intento de atropellar la ley.
Es ahí donde se convierte en un activo para sus planes electorales el ubicar ante sus seguidores al poder judicial como un daño para su proyecto de transformación.
Tiene garantizada la ventrilocución de su mensaje en campaña y posiblemente seis años más, lo que tiene que lograr es que una acción autoritaria, de afectar los derechos laborales de todo un poder de la Unión, sea visto como un abuso de los conservadores, flojos y abusivos empleados del Poder Judicial.
Eso es algo que no debería hacer quien tiene a su cuidado la investidura presidencial.
@campossuarez
